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Se agota el plazo para que la Junta de Andalucía ejerza el derecho de retracto para adquirir las 92 viviendas sociales de Écija adjudicadas a un fondo de inversión en subasta pública. Ese plazo expiró a mediados de junio y la Consejería de Fomento notificó hace unos días la respuesta desestimando la demanda del Ayuntamiento para que comprara esas casas, donde viven familias en situación de vulnerabilidad porque ha expirado ese periodo. El Consistorio lamenta la “deslealtad institucional” en este asunto y va a recurrir la respuesta de la Junta.
 
La Junta de Andalucía recibió el pasado 13 de abril la notificación de la adjudicación de las 91 viviendas de alquiler social de Écija a un fondo de inversión. Desde entonces, se abría un periodo de 60 días para que ejerciera el derecho de retracto y adquiriese esas casas, y de esa manera se blindaría su carácter público.
 
El pasado 2 de julio, llegó al Ayuntamiento de Écija un escrito de la delegada territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Susana Cayuelas, desestimando la solicitud del Consistorio sobre el retracto. La Junta de Andalucía mantiene en el escrito lo que la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, manifestó hace una semana: Aunque un fondo privado haya comprado esos pisos –por los que las familias pagan un alquiler de unos 80 euros al mes –debe respetarse su carácter de vivienda protegida. Pero lo que no indicó entonces la titular de Fomento fue que la naturaleza de vivienda protegida expira en octubre de 2030. Y esto abre la puerta a la especulación a partir de entonces.
 
En todo caso, la Consejería de Fomento responsabiliza al Ayuntamiento de Écija de lo que ha sucedido con estas viviendas, que pertenecían a una sociedad municipal que quebró.
 
El gobierno local del PSOE en el Ayuntamiento de Écija anuncia que han encargado a los servicios jurídicos municipales un recurso de alzada que quieren presentar contra la resolución de la Junta. Sergio Gómez, delegado municipal de gestión del espacio urbano, cree que hay posibilidades de declarar nula la decisión de la administración regional.
 
 
El ejecutivo local, que se reunió ayer con la responsable de vivienda de la Junta, acusa a esta administración de deslealtad y dejar correr los plazos de forma intencionada
 
Mañana  jueves este problema se tratará en el Parlamento de Andalucía. La parlamentaria socialista María Márquez pedirá explicaciones en el pleno a la Junta por la gestión en este asunto.