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El Ayuntamiento de Écija ha acogido este jueves una reunion de urgencia con los portavoces de los siete grupos municipales de la corporación (PSOE,PP, FUE, Cs, IU, VOX, Podemos) para tratar la situación de las 91 viviendas sociales de la calle Estatuto de Autonomía adjudicadas a un fondo de inversión en subasta pública por 1,4 millones de euros. Un encuentro que se produce tras las declaraciones ayer de la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, descartando que la Junta vaya a ejercer el derecho de retracto y adquirir esas casas para preservar su carácter público y social.
 
La portavoz del gobierno local, Rosa Pardal (PSOE), asegura que se confirma la unidad política en este asunto en el Ayuntamiento y todos los grupos municipales se reafirman en la demanda que se plasmó en una moción aprobada en pleno de pedir a la Junta que ejerza ese derecho y adquiera las viviendas para proteger a los inquilinos, ya que son familias con pocos ingresos y en situación de vulnerabilidad.
 
La portavoz del gobierno municipal asegura que las familias afectadas están dispuestas a movilizarse y plantarse ante la sede de la Secretaría de vivienda de la Junta en Sevilla para pedir que compre esas viviendas mediante ese derecho de retracti para que se mantenga el carácter público y evitar que se pueda especular.
 
El equipo de gobierno en Écija reitera que van a acompañar y apoyar a los vecinos en todas las acciones reivindicativas y de protesta que lleven a cabo.
 
Los vecinos, según el gobierno local, valoran que todos los grupos de la corporación apoyen la solución a su problema. Las familias viven con preocupación esta situación. Además, el ejecutivo local reconoce que se desconoce el plazo para hacer frente a ese derecho de retracto, ya que los 60 días establecidos por ley arrancan cuando la Junta de Andalucía haya recibido la notificación de la adquisición de las viviendas. “En todo, caso, ha afirmado la portavoz, “todos los grupos se han comprometido a acompañar a los vecinos a donde sea necesario para hacer valer sus derechos”.