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La consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, ha despejado la incógnita que desde hace semanas se arrastraba sobre el futuro de las 91 viviendas en alquiler social de la calle Estatuto de Autonomía de Écija, en la barriada de La Alcarrachela, que han sido adjudicadas a un fondo de inversión en subasta pública. La administración autonómica no va a ejercer el derecho de retracto como le ha pedido el Ayuntamiento para blindar el carácter público y social de estas casas – pertenecían a una sociedad municipal que quebró y está en liquidación.
 
La titular de Fomento de la Junta sostiene que no es competencia de la administración autonómica asumir la adquisición de estas viviendas cuando ya han pasado a manos privadas en subasta. Pero añade que velará por el mantenimiento de las mismas condiciones teniendo en cuenta que se catalogaron como viviendas públicas en alquiler social, protegidas, cuando se construyeron. En esas casas residen familias en situación de vulnerabilidad y en algunos casos en riesgo de exclusión social. La consejera de Fomento añade que “el Ayuntamiento de Écija es el primer responsable de la situación”, de esa promoción de pisos y sus vecinos.