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Se complica la situación para las 91 familias de Écija que residen en alquiler en las viviendas sociales de la calle Estatuto de Autonomía, pertenecientes a una antigua sociedad local en liquidación y que han sido subastadas en dos ocasiones. La administración concursal ha adjudicado estas casas a una sociedad de inversión que pujó por ellas en una segunda subasta pública por 1,4 millones de euros. El siguiente paso es que el comprador inscriba estas casas en el registro de la propiedad y se notifique en notaría. A partir de ahora, según ha explicado el delegado municipal de Gestión del Espacio Urbano en el Ayuntamiento Écija, Sergio Gómez, se abre un periodo de dos meses en el que la Junta de Andalucía puede ejercer su derecho al retracto y adquirir por la misma cuantía estas viviendas, atendiendo a su carácter social y público – las casas están situadas en patrimonio municipal del suelo y así reza en la propia edificación de los pisos. “La Junta tiene la potestad y el derecho de adquirir esas viviendas y así lo manifestó en un compromiso hace dos años”, señala el concejal. 

El gobierno municipal en Écija ha mantenido una reunión este lunes con los vecinos de esta promoción de viviendas, que viven con preocupación y temen por el futuro de sus casas. Estas familias, con menos ingresos y en algunos casos en situación de vulnerabilidad, tienen miedo de que se especule con los pisos si se hace cargo de los inmuebles una empresa privada. Y lamentan haber llegado a este punto, con una oferta adjudicada a un fondo de inversión en una segunda subasta pública.
 
El ejecutivo municipal pide a la Junta que cumpla el compromiso adoptado hace dos años y ejerza el derecho de retracto para blindar el carácter público y social de estos pisos. El delegado de Gestión del Espacio Urbanio insiste en recordar esa promesa. Añade que una vez que la Junta compre esas casas, el Ayuntamiento asumirá su gestión.

En esta promoción de casas residen familias con menos ingresos, en situación de vulnerabilidad. Pagan un alquiler de unos 78 euros al mes.

Los grupos municipales han expresado también su preocupación por el futuro de estas familias y sus viviendas. Podemos insta al ejecutivo local que mantenga una actitud dialogante y capacidad de negociación pero que presione al mismo tiempo para que la administración andaluza adquiera estas casas.