Ecija

Condenan a ocho meses de cárcel por la agresión a una pediatra en Écija

Viernes, 05 Febrero 2021 16:40 Redaccion  Andalucía Centro
Por atentado a un funcionario sanitario y lesiones. El juzgado le impone una orden de alejamiento 
Un juzgado de Écija ha condenado a ocho meses de cárcel y le ha impuesto una orden de alejamiento a una mujer por haber agredido a una pediatra en un centro de salud de la localidad. Los hechos ocurrieron el pasado 20 de diciembre. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha calificado la condena de ejemplarizante.
 
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Dos de Écija, ha condenado a la agresora de esta profesional del Centro de Salud Virgen del Valle por el delito de atentado en grado consumado a un funcionario público de la sanidad, por lo que además de la pena de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, le impone el pago de las costas del procedimiento y la responsabilidad civil en concepto de daños morales
 
La sentencia, que ha dado a conocer la Junta de Andalucía en un comunicado,recoge la gravedad de los hechos ocurridos en el centro de salud el pasado 20 de diciembre, calificando la conducta de amenazadora con carácter reiterativo de la usuaria, además condenar las lesiones físicas y morales causadas.
 
La sentencia condena a la mujer por el delito leve de lesiones, a la pena de 20 días de multa, a razón de 4 euros la cuota diaria, quedando sujeta a responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad, en caso de dos cuotas diarias no satisfechas.
Como pena accesoria, se ha añadido una orden de alejamiento, siendo condenada a la prohibición de aproximarse a 100 metros de la perjudicada y de prohibición de comunicación con la profesional por cualquier medio.

Los servicios jurídicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) han recibido esta sentencia favorable que condena a esta mujer aocho meses de prisión. Para la directora general de Personal, Pilar Bartolomé, se trata de una condena "ejemplarizante que debe servir para que los profesionales se sientan protegidos por el sistema sanitario y por el judicial, para animarlos a denunciar cualquier tipo de intimidación o agresión, sea física o verbal, y para concienciar a la sociedad de la gravedad de intimidar a un profesional sanitario.