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Izquierda Unida en Écija ha presentado un escrito dirigido al Ayuntamiento de la localidad y la delegación de Fomento y Vivienda de la Junta en Sevilla para instar a estas administraciones a que reclamen al juzgado de lo mercantil que declare nulo el proceso de subasta y adjudicación de 91 viviendas sociales de la barriada de La Alcarrachela a un fondo de inversión en la primavera de 2021.  

La confluencia de izquierdas presenta este recurso al constatar que la firma inversora no comunicó como establece la legislación en un plazo de 30 días a la administración andaluza que había adquirido esos pisos sociales por 1,4 millones de euros. Esa comunicación se recoge en la normativa, teniendo en cuenta que las viviendas que compró ese fondo de inversión eran sociales y públicas, ya que pertenecían a una antigua sociedad municipal que quebró.
 
La confluencia de izquierdas ha estado asesorando jurídicamente y apoyando a los inquilinos de estas viviendas sociales, familias con pocos ingresos o en situaciones de vulnerabilidad social. El portavoz de Izquierda Unida en Écija, Eligio García, sostiene que con la ley en la mano, dado que el fondo de inversión no comunicó la compra de esos pisos, el Ayuntamiento puede instar al juzgado a declarar la nulidad de este procedimiento de subasta y la adjudicación de los pisos:
  
En este sentido se expresa el abogado que está ejerciendo la defensa de los intereses de estas familias de Écija a través de Izquierda Unida. Francisco Tejado explica que una vez que se acuerde la nulidad de esa venta, se puede ejercer el derecho de retracto, a través de las familias o el mismo Ayuntamiento de Écija.
 
Mari Carmen, vecina de estos pisos sociales que pertenecían a una antigua sociedad del Ayuntamiento que quebró, lamenta que se han sentido "abandonados" por las administraciones. Insiste en que el único apoyo que les ha salvado de una situación muy complicada ha sido el mostrado por IU y el trabajo jurídico del abogado Francisco Tejado.
 
El portavoz de IU en Écija y el letrado han mantenido esta semana una reunión con una representación de los vecinos para informarles de este paso. Mari Carmen hace un llamamiento al Ayuntamiento de Écija para que solicite la nulidad del proceso de adjudicación de las viviendas, que permita recuperar la titularidad pública de las viviendas, blindar su naturaleza social. Esta decisión permitiría a los vecinos que puedan adquirir las viviendas por un importe medio de unos 12.000 euros, teniendo en cuenta que los pisos se vendieron a este fondo privado por 1,4 millones de euros.