La organización tenía ramificaciones en España y Colombia. De allí procedían la mayoría de mujeres que han sido liberadas. Tras ser captadas en su país, llegaban a España a través del aeropuerto de Barajas. Después se les trasladaba en Ave hasta la estación de Antequera Santa Ana y posteriormente al prostíbulo donde conocían el montante real de una supuesta deuda que habían contraído con la trama.
La investigación se inició en octubre del pasado año a partir de la localización de dos de las víctimas, en una actuación policial emprendida por patrullas adscritas a Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Antequera, que informaron de la situación a la unidad policial competente.
? SUCESOS | Liberadas 28 mujeres explotadas sexualmente en un burdel de Fuente de Piedra
— SER Andalucía Centro Antequera (@SER_Antequera) April 24, 2025
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Eran captadas bajo engaños
En el organigrama interno de la organización, por un lado, se hallaba la rama colombiana, encargada de la captación de víctimas en origen para, mediante engaño, convencerlas de viajar a España para ejercer la prostitución en unas condiciones ‘idílicas’. Una vez reclutadas, la estructura española gestionaba todo lo necesario para su traslado y entrada en territorio nacional: pasajes de avión, dinero en efectivo o reservas de hotel.
Una vez en el prostíbulo, las mujeres conocían cuál era el montante real de su deuda con el grupo criminal, incrementada de manera “desproporcionada” con conceptos ficticios según la investigación, y descubrían las condiciones abusivas, gravosas y restrictivas de derechos a las que se enfrentaban, lucrándose la trama sistemáticamente de la explotación sexual de las meretrices con la obtención de altos réditos económicos, en función de los servicios ofertados, los cuales eran fijados, controlados y supervisados por los proxenetas.
A lo largo de la investigación, los agentes también pudieron constatar que las víctimas eran forzadas a ejercer la prostitución en jornadas interminables, sin importar que estuvieran enfermas o incluso con el ciclo de menstruación; además eran aleccionadas para ofrecer a los clientes sustancias estupefacientes y potenciadores sexuales, fomentando su consumo a cambio de una contraprestación.
Recluidas en el burdel, sin contrato de trabajo -no estaban dadas de alta en la Seguridad Social- y bajo las amenaza de los miembros de la red, no solo hacía ellas mismas, sino también con el miedo de que sus familiares pudieran ser objeto de algún tipo de represalia en Colombia, las víctimas estaban a merced de la organización criminal, en situación de total vulnerabilidad.
Hay siete personas detenidas acusadas de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, contra el derecho de los trabajadores, agresión sexual, contra la salud pública o tenencia ilícita de armas.
El establecimiento ha sido clausurado de forma cautelar por orden judicial. Se han bloqueado cuentas bancarias por valor de 2,3 millones de euros. Además, los agentes se han incautado de 133.482 euros en efectivo; un arma corta de fuego -en el domicilio del líder de la trama-; un puño americano; una defensa extensible; diversa documentación acreditativa en relación a los delitos investigados como hojas de control de servicios sexuales y la libreta donde la organización llevaba el control de la deuda de las víctimas de trata, así como sustancias estupefacientes dispuestas en dosis para consumo individual.
