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El Partido Socialista ha defendido en Antequera el nuevo sistema de financiación autonómica, una propuesta que supondría una inyección extra de 4.846 millones de euros para Andalucía. La diputada nacional Mari Nieves Ramírez ha calificado de "hipocresía" la postura del Partido Popular y del presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, al oponerse a un modelo que supera las propias expectativas económicas que el gobierno regional reclamaba hace apenas unos meses.

Ramírez ha subrayado que, mientras Moreno Bonilla solicitaba 4.000 millones de euros en sede parlamentaria, el Gobierno central pone ahora sobre la mesa una cifra superior en 850 millones. Según la diputada, no existe un motivo real para rechazar estos fondos más allá de la "confrontación política". En este sentido, ha instado al Ejecutivo andaluz a abandonar el "barro" y el "berrinche permanente" para centrarse en la gestión de los servicios públicos.

La diputada socialista ha incidido en que la aceptación de este modelo obligaría a la Junta de Andalucía a mejorar las listas de espera en sanidad y dependencia, lo que, a su juicio, dejaría al PP "sin excusas" para continuar con su estrategia de privatización. "La pataleta no mejora los centros de salud ni reduce las listas de espera", ha afirmado Ramírez, quien también ha afeado el uso de metáforas gastronómicas por parte de la Consejería de Hacienda para criticar el reparto territorial.

Por su parte, el secretario general del PSOE antequera, José Luis Ruiz Espejo, ha detallado que el impacto de este sistema en Antequera se traduciría en 24 millones de euros adicionales. Estos recursos podrían destinarse, dice, a reforzar las plantillas sanitarias del hospital y los centros de salud, así como a infraestructuras educativas pendientes como el nuevo instituto de Los Colegiales.

El nuevo modelo, que sustituye a un sistema caducado desde 2014, prevé aumentar la participación de las comunidades autónomas en la recaudación del IRPF hasta el 55% y del IVA hasta el 56,5%. Los socialistas aseguran que esta propuesta reduce a la mitad las desigualdades de financiación por habitante y garantiza la solidaridad interterritorial mediante nuevos fondos de responsabilidad climática y compensación.