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El fraccionamiento supuestamente ilegal de una finca rústica, con una extensión de 35.000 metros cuadrados, en Puente Genil, ha provocado la investigación de 25 personas, en un procedimiento impulsado por la Guardia Civil.

El Instituto Armado ha informado de que estos terrenos fueron divididos en 26 subparcelas, situadas en suelo no urbanizable. A los implicados se les atribuyen presuntos delitos contra la ordenación del territorio, desobediencia a la autoridad y falsedad documental.

Las actuaciones se iniciaron en marzo de 2024. Los agentes del Seprona de Rute tuvieron conocimiento de posibles irregularidades urbanísticas.

Mediante informes técnicos municipales, la Guardia Civil confirmó la ubicación exacta de los terrenos, clasificados como suelo no urbanizable, de preservación natural o rural. Estas acciones favorecerían, de manera directa, la creación de nuevos asentamientos fuera de la planificación urbanística.

El presunto promotor de estas prácticas habría diseñado un sistema que incluía la apertura de caminos de acceso, la elaboración de planos de distribución y la formalización de contratos de compraventa.

El responsable y varios compradores continuaron ejecutando obras en las parcelas a pesar de haber recibido notificaciones oficiales de paralización inmediata.

La Guardia Civil realizó 27 inspecciones, detectándose hasta 56 infracciones administrativas e instruyendo diligencias por un total de 27 delitos.