Andalucía Centro

Teresa Muñoz, vecina de Aguilar de la Frontera, convive, desde 2017, con una esclerosis múltiple. Desde hace once meses, la Junta le niega el único medicamento que frena el avance de esta enfermedad incurable y las consecuencias de esta patología agravan, diariamente, el estado de salud de esta mujer.

Los responsables sanitarios alegan que el Ocrelizumab, cuyo coste es inasumible, únicamente se dispensa gratuitamente a las personas menores de 55 años. La familia de Teresa sostiene que la Junta incurre en una flagrante contradicción porque, en primer término, aprobaron suministrarle este medicamento cuando ya tenía 60.

Alejandro Nieto, yerno la afectada y portavoz de la familia, ha intervenido en Hoy por Hoy de SER Andalucía Centro. Expone que “no hay otro tratamiento, ella ha estado mucho más estable, los informes médicos así lo dicen, la enfermedad consiguió estabilizarse, pero, claro, lleva un año y poico sin el tratamiento” y, relata, “vemos como va avanzando –la esclerosis-, cada vez le cuesta más levantarse del sillón, la estabilidad en la marcha la va perdiendo, la sensibilidad también va perdiendo; en fin, lentitud de sus reacciones cada vez más avanzando más”.

Todo ello, dice Alejandro Nieto, ocurre “porque no tiene nada, no es un tratamiento que vaya a curarla, que vaya a mejorar, sino que para el avance de la enfermedad, entonces le tenía muy tranquila, pero ahora que se lo han quitado, y me lo dice, esto ha sido peor que el decirme que tengo esclerosis, el dejarme ahora sin tratamiento, porque es un vacío”.

Esta familia aguilarense ya ha obtenido más de 80.000 firmas que se adhieren a una reivindicación planteada, aún sin éxito, ante el Hospital Reina Sofía, la consejería de Salud y Familias y el defensor del Pueblo.

La delegada territorial de Salud y Familias, María Jesús Botella, sí ha aceptado recibir a los allegados de Teresa, que sigue perdiendo sensibilidad, estabilidad y fuerza, la próxima semana.

El Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera y la sociedad local respaldan unánimemente esta demanda. Desde la familia hablan de una decisión ilegal e inconstitucional de la Junta al discriminar por razón de edad y privarle de una sanidad universal e igualitaria.