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Las trabajadoras de la ayuda a domicilio de Montilla se manifestaron el sábado contra el incumplimiento del acuerdo colectivo estatal en la prestación de este servicio público. A esta protesta acudieron unas 150 personas.

Estas 120 empleadas denuncian que continúan sometidas a una "explotación laboral" porque, aproximadamente, perciben, mensualmente, 260 euros menos al aplicarse un convenio que tachan de ilegal porque, por ejemplo, señalan, elimina descansos intersemanales; no contempla el abonos de las horas trabajadas los fines de semana o suprime los complementos correspondientes a domingos y festivos.

Mantienen la huelga, circunscrita a los fines de semana, que arrancó el 12 de marzo, y anuncian más movilizaciones.

Paco Moro, responsable del sindicato CTA, expone que culpan “a la empresa, a la Junta y al Ayuntamiento”, porque, detalla, “la disposición número 25 del pliego de condiciones establece que el convenio de aplicación es el estatal, los números así lo dicen”.

Censura que “durante años año se ha estado robando a las trabajadoras, pagando muy por debajo del convenio estatal; el día 27 de octubre es el primer juicio, después, van a venir tres o cuatro año más conflictos colectivos”. Actualmente, informa Moro, “todo está paralizado, la vía judicial tiene preferencia sobre la inspección de trabajo, pero la inspección de trabajo, también está denunciada desde julio del año pasado, entre otras cosas, habrá que abordar los cuatro años de Seguridad Social con las diferencias retributivas que está habiendo”.

Consideran desde la CTA que “esto solo pasa en un país que no es  un Estado Social y de Derecho, si lo fuera, no podría ocurrir esto, porque, entre otras cosas, la justicia no tardaría un año o dos años en responder esto, ni la inspección de trabajo tardaría más de un año”.