Andalucía Centro

La Audiencia Provincial de Córdoba confirma el archivo de la querella criminal, por una supuesta denuncia falsa, interpuesta por el exalcalde de La Rambla, Alfonso Osuna; y la exconcejala de Seguridad Ciudadana, Inmaculada Castillero, contra ocho policías locales, quienes informaron a la Fiscalía, en 2017, sobre unas obras presuntamente irregulares, levantadas en agosto del 2016, y presuntamente vinculadas a familiares de miembros y funcionarios del Ayuntamiento.

La Sección Segunda, en un auto notificado el pasado 1 de junio, considera que no concurren "indicios suficientes” para apreciar la comisión de un delito de denuncia falsa.

En esta resolución, a la que ha tenido acceso SER Andalucía Centro, los magistrados también corroboran el tercer acuerdo del auto recurrido por Osuna y Castillero, dictado por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Montilla, que determina la deducción de testimonio de las declaraciones de los agentes municipales para su unión a las diligencias previas, que investigaban una posible prevaricación administrativa, abiertas hace ya tres años y archivadas en 2018.

En cambio, la Audiencia Provincial de Córdoba deja sin efecto la imposición de las costas procesales a los querellantes.

El titular del Juzgado de Montilla, en el auto dictado el 14 de noviembre del año pasado, exponía que, por los indicios aportados, los responsables municipales incoaron los expedientes administrativos oportunos, por infracción urbanística, únicamente tras el requerimiento efectuado por Fiscalía después de un análisis objetivo, señala el juez, de la documentación solicitada al Consistorio.

Asimismo, el juez de Montilla concluye que, aunque el actual procedimiento no tiene por objeto la investigación anterior, los hechos denunciados por los agentes de Policía Local en abril del 2017, sobre las construcciones ejecutadas sin licencia, no eran falsos, sino que se correspondían “con hechos verdaderos y revestidos de apariencia delictiva”.

El mismo Juzgado número 2 de Montilla, servido por otro juez, en 2018, declaró el sobreseimiento de las primeras diligencias previas, abiertas a instancia de la Fiscalía, contra el exalcalde de Izquierda Unida, Alfonso Osuna, y la exconcejala Inmaculada Castillero.