Lucena

El Colegio de Abogados de Lucena recurre ante el TS la eliminación de competencias en violencia de género

Jueves, 10 Julio 2025 09:30 Redaccion 
La institución colegial arguye "la conculcación" de los derechos constitucionales de las mujeres víctimas de violencia machista
Sede judicial de Lucena. Sede judicial de Lucena.
El Colegio de Abogados de Lucena ha interpuesto un recurso, ante el Tribunal Supremo, contra el Real Decreto 422/2025, publicado el 4 de junio, y que retira las competencias sobre violencia de género del partido judicial de Lucena, concentrándolas en la sede judicial de Córdoba.

Esta impugnación, ante el Alto Tribunal, nace del acuerdo adoptado por la junta de gobierno de la institución colegial. La modificación legislativa gubernamental forzará a las mujeres víctimas de violencia de género, de Benamejí, Encinas Reales, Iznájar, Palenciana, Rute y Lucena, a desplazarse hasta la capital cordobesa.

A mediados de junio, esta corporación, al tiempo que enfatizaba su "total desacuerdo" con esta reorganización emanada de la Ley de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, anunciaba que esgrimiría los instrumentos legales y de movilización oportunos para tratar de revertir esta determinación gubernamental.

La institución colegial expresa que desde "la sensibilidad" que implica "una conculcación de los derechos constitucionales" de las mujeres víctimas de violencia de género, el Colegio de Abogados de Lucena eleva al Alto Tribunal esta modificación de la jurisdicción cuyos efectos se desplegarían al inicio del año 2026.

El Colegio de Abogados censuraba la "nula información previa" y la ruptura del principio de proximidad del órgano judicial con la víctima, además de los perjuicios en la tutela judicial efectiva y a los operadores judiciales.

Nuevamente, apelan a "la clara contradicción" con el espíritu de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En síntesis, reiteran que significa "un obstáculo añadido" a la "dificultad que de por sí encuentran las mujeres víctimas de violencia para iniciar sus denuncias".

Por último, mantienen que este Real Decreto "en modo alguno" facilita el acceso a la justicia.