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Desde el año 2018, al menos, la única oficina que el Banco Santander mantiene actualmente abierta en Lucena incumple, de forma flagrante, la normativa sobre accesibilidad. El Partido Popular culpa al equipo de gobierno socialista de permitir, por omisión, esta vulneración dispositiva, que tachan de “ilegalidad”, y observan en el alcalde, Juan Pérez, y en el concejal de Obras y Urbanismo, César del Espino, una actitud relajada y laxa al gestionar los distintos expedientes. El PP considera que concurre un “trato de favor” por ausencia de “valentía política”.

Los populares han relatado, transcribiendo las consecutivas actas, su insistencia, mes a mes, desde el pasado verano, en las diferentes comisiones de Urbanismo contra la persistencia de esta ostensible barrera arquitectónica, con varios escalones, en la puerta de la sede de esta entidad, situada en la calle El Peso.

En 2018, durante el anterior mandato, el Ayuntamiento ya requirió al Banco Santander para que adaptara su entrada, obligándole a respetar la ley. Multitud de propiedades privadas, de uso público, hubieron de ajustarse a los preceptos de las nuevas disposiciones acerca de esta materia.

A principios de este año, después de otra comunicación coercitiva del Consistorio, la entidad bancaria inició unas obras, poco después interrumpidas, en la zona de las escaleras, y nunca más reanudadas.

La concejala del PP, Rosario Valverde, ha urgido al alcalde firmar una resolución que rechaza la ocupación del dominio público para la instalación de un elevador. Este trámite posibilitaría a Urbanismo trasladar nuevamente una orden de ejecución y unexpediente sancionador que conllevaría multas económicas e incluso la clausura del local.

La edil popular ha expresado que “ya han pasado tres años desde que se dictó la primera orden” y “ahora entendemos que esta ilegalidad se va a consentir durante dos años más”.

Desde su perspectiva, “la realidad no es otra que el equipo de gobierno está permitiendo a esta entidad bancaria, tolerando, que el inmueble en el que tienen abierta la oficina al público sea total y absolutamente inaccesible” y retóricamente, se preguntaba “por qué a cualquier comerciante sí se le ha obligado hasta cuándo van a permitir el señor alcalde y el concejal de Urbanismo que esta situación perdure”.

El Banco Santander, ha indicado el PP, ha adquirido otro inmueble en el casco urbano de Lucena aunque el traslado aún se demorará unos dos años. En los últimos tiempos, ha cerrado otras dos sedes que sí cumplían oportunamente las condiciones de accesibilidad universal.

El Partido Popular asegura que existen opciones viables como la habilitación de una entrada a través de un edificio contiguo, que precisaría de una autorización de unos vecinos con los que no ha contactado en ningún momento el Banco Santander, y, también, la reubicación en otro local.