Andalucía Centro

La omisión de un trámite administrativo preceptivo paraliza, nuevamente, las obras del Pabellón Polideportivo de la zona oeste de Lucena y complica sobremanera el futuro de esta edificación. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir debe conceder autorización, por la cercanía del río Lucena, ya que se invade la zona de protección, y, desde 2018, cuando comenzó a redactarse este proyecto, el Ayuntamiento ha ignorado esta obligación.

Este último escollo, de consecuencias impredecibles, ha provocado que la junta de gobierno local haya suspendido la firma del contrato con la empresa adjudicataria del 30% restante de la construcción de esta infraestructura deportiva ubicada en la calle María Zambrano.

El Partido Popular ha revelado hoy el motivo de esta interrupción y ha señalado que el Ayuntamiento, en estos últimos días, ha solicitado permiso al órgano gubernamental.

Han recordado los populares que, en mayo de 2018, es decir, hace tres años y medio, el equipo de gobierno socialista, aún en el anterior mandato, anunció la culminación de esta obra para verano del 2019.

Algo antes, en mayo del 2019, el Ayuntamiento otorgaba a Talleres y Montajes Calvo esta actuación, por 656.000 euros y un plazo de diez meses. En el inicio de la pandemia, esta empresa abandonó unilateralmente los trabajos y el Consistorio afrontó, por 91.000 euros unas obras de emergencia concluidas en febrero del 2021.

Aurelio Fernández, edil del PP, ha culpado expresamente al gobierno municipal socialista de este cúmulo de retrasos en una obra, financiada con Fondos Edusi y que, por tanto, para evitar la pérdida de la subvención ha de concluir antes de que termine 2023.

En su comparecencia, ha acentuado que “si la empresa con la que se firmó en 2019, no se hubiera ido, no hubiera terminado la obra, esto llevaría al menos un par de años terminado” y “lo estaríamos haciendo sin el correspondiente permiso, necesario e imprescindible, por invadir esta zona de protección del río”.

De esta manera”, concluía Fernández, “la propia administración está actuando fuera de la ley, cuando debe ser garante de que se cumpla toda la normativa urbanística en vigor; peor no se pueden hacer las cosas”.

Desde el PP tampoco comprenden los cálculos temporales y económicos del Ayuntamiento ya que, después de fijar en un 70% el nivel de ejecución materializado, la última licitación establece un plazo de ocho meses, sólo dos menos que el tiempo global estipulado en el pliego original y un gasto de 361.000 euros.

Asimismo, advierten sobre la lentitud que, habitualmente, adquieren las resoluciones que dependen de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.