Andalucía Centro

El equipo de gobierno de Lucena ha manifestado que, por ley, queda obligado a proteger y amparar los derechos del propio Ayuntamiento y de los ciudadanos de la localidad y, en consecuencia, debe iniciar los procedimientos oportunos para recuperar una vivienda que, desde el año 2018, pertenece al Consistorio y donde, actualmente, sin fundamento alguno, reside una familia de seis miembros, cuatro adultos y dos menores.

Además del piso, se incluye en la propiedad, trastero, azotea y plaza de aparcamiento.

El alcalde, Juan Pérez, ha relatado que el Ayuntamiento ha mantenido con los afectados unas ocho reuniones, a fin de encontrar soluciones, por el momento, inexistentes, y sostiene, en principio, que los trámites abordados por Hacienda Local, gestora de los tributos municipales, han sido los correctos.

Desde el año 2008 esta familia, por impagos de impuestos municipales, ha generado una deuda con la administración local de 42.000 euros, relativa a tributos como el IBI, el recibo de la basura,  impuestos sobre vehículos y tasas relativas a una cochera y suministro de agua potable.

El alcalde, Juan Pérez, ha asegurado que ningún informe de Servicios Sociales considera vulnerable a esta familia lucentina y sostiene que Hacienda Local ha notificado tanto los recargos de apremio como los embargos sin que se haya presentado recurso alguno.

Expresa el regidor socialista que “yo tengo que garantizar también los derechos de las familias que están pidiendo una vivienda y son vulnerables, también lo tengo que garantizar” e incide en “intentar ver si hay fórmulas, ahora mismo a día de hoy, con las reuniones que hemos mantenido no las hemos encontrado, no hay fórmulas”.

Ha subrayado que “evidentemente, el Ayuntamiento está obligado a defender sus intereses, no podemos permitir esta situación por más tiempo” puesto que, remarca, “estamos desde el año 2018, y estamos en el 2021, llevamos camino de cuatro años, yo creo que tiempo más que suficiente para que Al ayuntamiento haya hecho algo, no podemos” provocar “que se nos pueda acusar de dejación de funciones”.

Por última vez, en febrero de 2021, alega el Ayuntamiento, se ha instado a los moradores a desalojar el inmueble y entregar las llaves. En ningún momento, han atendido el requerimiento.

En el Pleno que anoche celebraba el Ayuntamiento de Lucena, finalmente por unanimidad, todos los grupos, a petición del Partido Popular, acordaron posponer la votación sobre el inicio del procedimiento de desalojo hasta que las formaciones de la oposición dispongan de la información completa del expediente.

Previamente, por decisión del alcalde, sí se debatió sobre este asunto. Izquierda Unida, de forma repetida, le reprochó al PP su "demagogia", apuntaba el portavoz, Miguel Villa, por relacionar este caso particular con otros de ocupación irregular de viviendas, habitados, ilegalmente, por familias en riesgo de exclusión social.