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Paralización, por segunda vez consecutiva, de la licitación del contrato del servicio de ayuda a domicilio de Lucena. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Andalucía estima el recurso de la patronal de empresas de este sector. Esta asociación impugnó el pliego por establecer como criterio puntuable las subidas salariales a las empleadas.

Desde mayo del año 2019, es decir, hace más de un año y medio, esta cobertura esencial permanece en una coyuntura de prórroga forzosa ante la imposibilidad de culminar el procedimiento de licitación.

El Pleno del Ayuntamiento de Lucena, ante la resolución dictada en noviembre por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Andalucía, desiste de continuar con el procedimiento y reinicia, de nuevo, un expediente cuyo coste ronda los tres millones y medio anuales.

Únicamente Izquierda Unida, que insiste en solicitar la gestión directa, ha votado en contra de la propuesta de la concejala de Servicios Sociales, Carmen Gallardo, quien replicaba que “el ayuntamiento de Puente Genil, o de Montalbán, saben perfectamente las deficiencias que tiene municipalizar el servicio en estos tiempos que ahora acontecen, saben perfectamente, que es inviable, el poder municipalizar”.

Defiende que la asunción propia del servicio supondría “prácticamente echar a la calle a la plantilla de 170 trabajadores” porque “deberían concursar todos en un proceso de selección, para poder ser parte de plantilla del Ayuntamiento”.

Finalmente, sin posibilidad de que contestase Villa, Carmen Gallardo mencionaba que “vuestro partido, IU, con Carlos Villa de delegado de Servicios Sociales, hace unos años, siempre me hago la misma pregunta, por qué no municipalizó el servicio”.

En junio, el Pleno aprobaba, con el respaldo de PSOE, PP y Ciudadanos, ponderar, de forma decisiva, un incremento de los sueldos en un 2,5%.