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Una macrooperación desarrollada en Marinaleda contra el narcotráfico se ha saldado con el desmantelamiento de 40 plantaciones de marihuana y 18 detenidos por delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y defraudación del fluido eléctrico. Se trata de una investigación que han desarrollado de forma conjunta la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria.



La operación ha permitido desmantelar 40 plantaciones ‘indoor’ de marihuana, la aprehensión de 5.000 plantas con un peso total de 480 kilos, y la detención de 18 personas por delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y defraudación eléctrica.
 
Esta actuación ha sido fruto de la operación técnica y el análisis de la información obtenida por los investigadores tras la creación de un equipo de trabajo conjunto entre los tres organismos, en el marco de la lucha contra el tráfico de drogas en la provincia de Sevilla, con la colaboración de la compañía eléctrica perjudicada que detectó la defraudación eléctrica, según indican las fuerzas de seguridad en un comunicado.

El Juzgado de Instancia de Estepa ha coordinado la investigación y la operación en la que se han practicado 17 entradas y registros. Los agentes constataron la existencia de una infraestructura dedicada al cultivo intensivo de estupefacientes. Los investigadores intervinieron en los registros un arma larga de fuego del calibre 12 con munición real, un arma corta simulada y 15.000 euros en metálico, así como útiles y herramientas propias para la elaboración y cultivo de la plantación y se procedió a la retirada de las instalaciones eléctricas utilizadas para el cultivo de manera fraudulenta en las viviendas.
 
18 personas han sido detenidas, 14 varones y 4 mujeres, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, delitos de tenencia ilícita de armas y de defraudación eléctrica.
 
 La operación ha sido llevada a cabo por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Córdoba, la Sección Fiscal y Fronteras de la Compañía Fiscal del Puerto de la Guardia Civil de Sevilla (Udaiff), Policía Nacional de la Comisaría de Écija y técnicos de la compañía eléctrica cuya labor fue crucial para el desmantelamiento de las conexiones ilegales por el grave riesgo de incendio.
 
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones policiales, con el análisis de la información obtenida durante la explotación del dispositivo.