Marinaleda

La Junta puede rebajar hasta un 65% el valor de la finca de Los Humosos a las ocho cooperativas de Marinaleda

Miércoles, 25 Abril 2018 17:59 Redaccion 
La Consejería negocia con los cooperativistas una fórmula para venderles la parcela. El escollo: la deuda
La Junta puede rebajar hasta un 65% el valor de la finca de Los Humosos a las ocho cooperativas de Marinaleda
La Junta de Andalucía ha aprobado esta semana la Ley de Agricultura, esperada por el sector. A  partir de ahora, entrará en el Parlamento Andaluz para iniciar su trámite y su respaldo en la cámara. Esta norma no contempla la creación de un banco de tierras públicas, pero sí la enajenación de estas parcelas, priorizando el acceso a colectivos, como mujeres, jóvenes y cooperativas. El Gobierno Andaluz quiere poner así a disposición del sector todo este patrimonio para que se le dé el mejor uso posible.
 
La finca de Los Humosos, en Marinalada, que pertenecía al antiguo Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), lleva tiempo en un limbo legal.Hay un proceso administrativo abierto con dos partes: la Junta y las ocho cooperativas que gestionan la tierra, organizadas por el alcalde Juan Manuel Sánchez Gordillo. El objetivo de la Junta no es la enajenación de esta finca, unas1.200 hectáreas, para que concurran en el proceso otros colectivos, sino que se queden los agricultores, las cooperativas que han estado trabajando en esta tierra. Es decir, quiere que sean estas ocho cooperativas las que adquieran la tierra.  Así de claro lo ha dejado el consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro, en su visita este martes a Écija.
 
La Consejería puede aplicar al precio de enajenación de la tierra reducciones por generación de empleo e inversiones realizadas que justifiquen los agricultores, una rebaja que, según la ley puede, conllevar un descuento de hasta el 65%, y que se puede aplicar para la venta de la finca Los Humosos a las cooperativas.
 
Pero hay un escollo en este proceso: la deuda que mantieneNlas cooperativas por el impago del canon. La Consejería considera que muchas de las anualidades están pendientes de cobro, pero los cooperativistas alegan que hay varios ejercicios que han prescrito. En los ejercicios de los últimos años sí están al día de los pagos.
 
De modo que sigue el proceso. Según el consejero, se está en la última fase, aunque no da fecha de cuándo podría haber una resolución.
 
La Ley de Agricultura establece que el objetivo prioritario es la venta de las tierras públicas para que accedan a la propiedad los agricultores y agriculturas interesados, pero también se contempla la posibilidad de aplicar fórmulas de alquiler.
 
En total, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural gestiona unas 4.470 hectáreas de fincas públicas con valor agronómico, en su mayoría procedentes del antiguo IARA.
 
El consejero de Agricultura abordó la situación de Los Humosos, preguntado por la prensa, en su visita a Écija, donde trató proyectos e inversiones en la comarca –en el último año se han destinado por parte de la Consejería 50 millones de euros de presupuesto, la mayor parte para la PAC. El alcalde de Écija, David García Ostos (PSOE), reclama celeridad en las resoluciones de los proyectos que se van a gestionar a través del Grupo de Desarrollo Rural Campiña Alcores, que cuenta con un presupuesto de unos 4,5 millones de euros hasta 2020.
 
Dentro de la primera convocatoria que ha gestionado estre Grupo de Desarrollo, hay un proyecto en materia social que ha presentado la Fundación Aproni, entidad acreditada para el acogimiento familiar de menores en desamparo y que desarrolla programas de protección y ayuda a la infancia. Ha solicitado una subvención de 60.000 euros, con el objetivo de abordar la puesta en marcha de un servicio auxiliar de cocina, catering y lavandería, un centro de recursos del voluntariado y las asociaciones de la Campiña de Sevilla y un centro comarcal de convenciones, formación y estudios de la acción social.
 
En cuanto ala Ley de Agricultura, el consejero Sánchez Haro se refirió a algunos de sus grandes objetivos: facilitar la incorporación de mujeres y jóvenes al campo, protección del suelo agrario y la lucha contra los abusos en la cadena agroalimentaria, para evitar que se vendan productos por debajo del precio de mercado y no cumplan con la normativa.