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Ecologistas en Acción ha advertido de que hay informes contradictorios en el Ayuntamiento de Estepa sobre la legalidad del parque eólico que se proyecta en la sierra de Becerrero. Juan Antonio Morales, miembro de la organización y asesor en materia de planeamiento urbanístico, señala que hay algunos informes municipales que hablan negativamente del proyecto.

Ecologistas reitera que el proyecto de central eólica en ese emplazamiento es “manifiestamente ilegal porque incumple las normas urbanísticas de Estepa". Argumenta que el paraje donde se planea construir está catalogado como suelo no urbanizable de especial protección y zona de protección paisajística y “en ese tipo de suelo están expresamente prohibidas las actuaciones que dañen la protección paisajística que constituyen el fondo visual del conjunto histórico del Cerro de San Cristobal de Estepa”.
 
La organización denuncia que la construcción del parque provocará “un destrozo irreversible en una sierra con altos valores ambientales de flora y fauna”.
 
Según explica el colectivo,  el proyecto obtuvo una declaración de impacto ambiental (en 2005, que caducaba en 2010. Sin embargo, las autoridades ambientales de la Junta de Andalucía han prorrogado esa autorización ambiental hasta en tres ocasiones, incumpliendo igualmente las propias leyes ambientales andaluzas.
 
Ecologistas en Acción insiste en pedir al alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz Quirós, que revoque la licencia otorgada. Avisa de que en caso de que una resolución judicial anulara la licencia o tumbara el proyecto, entonces la empresa estaría en su derecho de accionar la responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Estepa en relación a los 15 millones de euros del coste de la inversión. En ese caso, la organización deja claro que pedirá responsabilidad patrimonial a las personas que hayan permitido este proyecto e incumplido las normas urbanísticas de protección de Estepa.
 
El alcalde ha venido defendiendo que el proyecto ha pasado todos los filtros e informes preceptivos de las diversas administraciones y que ha superado la Autorización Ambiental Unificada de la Junta. Para el regidor, es la garantía del cumplimiendo de la legislación autonómica.