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El Ayuntamiento de Gilena (3.790 habitantes), en la Sierra Sur de Sevilla, es el más moroso de la comarca con diferencia. Tarda más de año y medio en pagar las facturas a los proveedores, según los datos del primer trimestre de este año publicados por el Ministerio de Hacienda.

Contrasta con el Consistorio de Lantejuela, con una población similar, y que en menos de tres días abona el coste de los servicios y productos a las empresas.

Ayuntamientos de la comarca como Estepa, Gilena, Marinaleda o Casariche sobrepasan con diferencia el plazo legal de 30 días para pagar a los proveedores.

El Ayuntamiento de Gilena encabeza el ranking de morosidad: tarda 588 días en pagar y debe más de un millón de euros a proveedores, según los datos de Hacienda al cierre de marzo de este año.
En Marinaleda, el Consistorio tarda más de un año en abonar las facturas: 410 días. Los importes pendientes de pago ascienden a los 280.000 euros.

En Estepa, el Ayuntamiento que gestiona un presupuesto de algo más de 14 millones de euros, debe a proveedores 1,1 millones y tarda casi ocho meses en hacer frente a los pagos (238 días).

Del territorio, cumplen con el periodo legal de pago de 30 días los ayuntamientos de Martín de la Jara (28 días de media), La Puebla de Cazalla, también 28 días, Los Corrales, 15 días, y con mucha diferencia Lantejuela, que lleva años liderando el plazo mínimo de pago, ya que en menos de 3 días salda las deudas.  Se acercan al periodo legal y son buenos pagadores los ayuntamientos de Herrera (43 días), Aguadulce, (38 días) y Fuentes de Andalucía (40 días).

En el Ayuntamiento de Osuna tardan unos tres meses en abonar los servicios a los proveedores, y en Écija, se han recortado los plazos, aun así todavía se emplea más de un trimestre, en concreto, 107 días en cumplir con las obligaciones de pago.
 
En la provincia de Córdoba, el Ayuntamiento de Puente Genil también cumple el periodo legal: emplea menos de un mes, 20 días, en abonar sus facturas.
 
La Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, pone el acento en las grandes diferencias entre los ayuntamientos a la hora de abonar las facturas, que no se deben, a su juicio, al tamaño de los consistorios, sino a la gestión política, incide el colectivo.
 
José Luis Perea, secretario de ATA, lamenta que la administración local que en muchos casos es la principal fuente de ingresos y actividad para empresas locales y autónomos, les ponga en apuros y amenace los negocios.

ATA pide a los poderes políticos que se impliquen y pongan solución a la morosidad de las administraciones locales aprobando en el Congreso de los Diputados un régimen sancionador en caso de incumplimiento del periodo legal.