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Las familias de las 91 viviendas sociales de Écija compradas por un fondo buitre en subasta pública hace cinco años se reúnen este próximo lunes con la alcaldesa, Silvia Heredia. Piden una solución que les permita recuperar la naturaleza pública de los pisos y denuncian el abandono de la urbanización, sin mantenimiento y con un deterioro que compromete la seguridad y que ha visto agravada por los temporales.
 


Familias que viven en alquiler en el bloque de pisos sociales de la barriada de La Alcarrachela de Écija vuelven a pedir al Ayuntamiento que intervenga para que se recupere la naturaleza pública de sus casas, que pertenecían a una sociedad pública que quebró. Este próximo lunes se reúnen con la alcaldesa, la popular Silvia Heredia, tras pedir los vecinos un encuentro. Aseguran que viven una situación de permanente incertidumbre, de miedo a perder sus casas desde hace ya cinco años, cuando el fondo buitre adquirió los pisos por 12.000 euros cada uno, aunque ahora les pida al menos 35.000, una empresa que además tiene contraídas deudas con Hacienda.  

Los vecinos han vuelto a remitir un escrito a la empresa para que se ocupe del mantenimiento del bloque de pisos, donde viven familias en algunos casos con pocos ingresos y en situación de vulnerabilidad. Denuncian un abandono y un estado que puede suponer un riesgo: cubiertas en mal estado con peligro de desprendimientos, porteros electrónicos que no funcionan, falta de alumbrado. Un lamentable estado, dicen, que ha empeorado tras los temporales de principios de año.

Esta representación de las familias se muestra muy crítica con la postura mantenida hasta ahora por la Junta, que se ha opuesto a ejercer el derecho de retracto para que las casas volvieran al carácter público. Y la fecha clave es 2030, cuando acaba el periodo vigencia del suelo público. También lamentan la postura del gobierno local, que el pasado mes de septiembre se comprometió incluso con pedir que se investigara al fondo de inversión para que la Junta actuara. Lamentan que no se ha hecho nada.

Izquierda Unida-Podemos Écija, que ha costeado los procesos judiciales que han emprendido las familias contra el propietario considera que este caso tendría una solución pública que no sería complicada.

Estas familias avisan de que van a volver a la movilización social para que se les dé una solución. El tiempo corre en contra.