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El gobierno municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Écija transmite un mensaje de tranquilidad a las 91 familias que residen  en las viviendas sociales de la extinta sociedad local Sedesa por las que una empresa ha pujado por 1,4 millones de euros en la subasta para hacerse con estas propiedades.
 
El ejecutivo local remarca que la legislación andaluza les protege como inquilinos de pisos sociales –en una situación de vulnerabilidad- y además en caso de que se aprobara la adquisición por parte de esta entidad privada, la Junta de Andalucía puede ejercer su derecho de tanteo y retracto y hacerse con los activos, porque son viviendas publicas de patrimonio local.
 
El equipo de gobierno municipal insiste en que la situación de estos vecinos no ha empeorado ahora y llama a la calma.
 
El portavoz del gobierno local, José Antonio Rodríguez, remarca que la situación de estos vecinos –familias en situación de vulnerabilidad o con pocos ingresos – no ha empeorado con respecto al pasado mayo, cuando el Ayuntamiento presentó una propuesta económica de algo más de 25.000 euros para adquirir estos pisos.  Argumenta que la normativa andaluza les protege por ser inquilinos de viviendas sociales y públicas y que el decreto de la Junta de Andalucía impide que este tipo de pisos caiga en manos privadas para su especulación.

El ejecutivo municipal reitera que la Junta de Andalucía es competente para aprobar la operación de compra de estas casas, y subraya que por el carácter social que prima en estos inmuebles es improbable que se dé luz verde a la adquisición de estas propiedades por parte de una entidad privada que no vele por el regimen social de las viviendas. Y añade: en el caso de que se aprobara la operación, tiene otro mecanismo para poder ejercer el derecho de tanteo y retracto y adquirir esas viviendas.

La empresa Inversiones Técnicas Aldaja presentó hace semanas una oferta por 1,4 millones por las 91 viviendas situadas en la calle Estatuto de Autonomía de Écija, que pertenecían a la desaparecida sociedad municipal Sedesa. Esta puja supera la propuesta aprobada por el Ayuntamiento el pasado mes de mayo de más de 25.000 euros para adquirir esta promoción de viviendas públicas y sociales. El Consistorio había aprobado esta operación para lograr que se mantuvieran las condiciones sociales para los ocupantes de estos inmuebles.
 
En esta promoción de casas residen familias con menos ingresos, en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. Pagan un alquiler de unos 78 euros al mes. Los vecinos temen que cambien las condiciones del arrendamientosi sus casas caen en manos privadas.
 
Los inquilinos de esta promoción de viviendas llevan viviendo con preocupación los últimos cuatro años, desde que se aprobó el plan de liquidación de Sedesa con una deuda cercana a los 6,8 millones de euros.