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Se complica la situación para 91 familias que residen en viviendas sociales de Écija pertenecientes a la extinta empresa municipal Sedesa, que está en plan de liquidación y bajo proceso concursal. Una entidad inmobiliaria ha presentado una oferta más alta que la propuesta del Ayuntamiento en la subasta para hacerse con los activos de esta promoción. En concreto, ha ofrecido algo más de 1,4 millones de euros, con lo que superaría la cantidad que puso encima de la mesa el Consistorio de algo más de 25.000 euros.  Si se acepta la compra por parte de esta entidad, pueden cambiar las condiciones del alquiler social para estas familias, que viven en situación de vulnerabilidad social.
 
La empresa Inversiones Técnicas Aldaja ha presentado una oferta por 1,4 millones por las 91 viviendas situadas en la calle Estatuto de Autonomía de Écija, que pertenecían a la desaparecida sociedad municipal Sedesa. Esta puja supera la propuesta aprobada por el Ayuntamiento el pasado mes de mayo de más de 25.000 euros para adquirir esta promoción de viviendas públicas y sociales. El Consistorio había aprobado esta operación para lograr que se mantuvieran las condiciones sociales para los ocupantes de estos inmuebles.
 
En esta promoción de casas residen familias con menos ingresos, en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. Pagan un alquiler de unos 78 euros al mes. Si la administración concursal acepta la oferta de esta entidad y la compra de estas casas, los vecinos temen que cambian las condiciones del arrendamiento.
 
José Carmona es el presidente de la Asociación de Vecinos de la calle Estatuto de Autonomía. Jubilado de 65 años –ha sido trabajador del campo -vive con su esposa, dos hijos y un cuñado y los ingresos rondan los 900 euros al mes. Lleva 19 años viviendo en su casa. Lamenta que se haya tenido que enterar por la prensa y a través del Grupo Municipal de Izquierda Unida de que la promoción salió a subasta de nuevo recientemente y que una empresa presentó una oferta más alta que la del Ayuntamiento. Subraya que el alcalde  y el gobierno local les habían garantizado hace pocos meses que no iba a haber problema con sus viviendas. Ahora, insiste, los vecinos están muy preocupados y temen que si los pisos caen en manos privadas no puedan hacer frente al pago del arrendamiento.
 
El Ayuntamiento celebró este miércoles un pleno extraordinario y urgente – con poco margen de antelación y donde hubo muchas ausencias por parte de la oposición –en el que se dio cuenta de esta situación y se aportaron, además, informes de Tesorería e Intervención certificando la imposibilidad por parte del Consistorio de mejorar la oferta económica con respecto a la puja de la entidad privada.
 
Izquierda Unida, que se ha reunido con vecinos de la zona, advierte de la situación de inseguridad en la quedan estas 91 familias.  La formación entiende que por el carácter social y público de estas viviendas, el Ayuntamiento tiene que reaccionar y activar a sus servicios jurídicos para evitar que se especule con estas viviendas.  Aunque todo lo que atañe a esta promoción de inmuebles depende de lo que dictamine el juzgado de lo mercantil que sigue el proceso de liquidación.
 
Distinta situación tienen los residentes de las 17 viviendas de la calle Villarreal, que también pertenecían a Sedesa. En este caso, el Ayuntamiento de Écija ha podido mejorar la propuesta económica para adquirir las casas: elevando la cuantía de 4.700 a 12.200 euros, y de esta manera se supera la oferta de 10.000 euros presentada por otra entidad privada. Si se acepta la compra de estos pisos por parte del Consistorio, se confirmaría que mantienen las condiciones sociales.

Los inquilinos de estas dos promociones de viviendas han estado viviendo con preocupación e incertidumbre los últimos cuatro años, desde que se aprobó el plan de liquidación de Sedesa con una deuda cercana a los 6,8 millones de euros.