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La Policía Nacional ha descubierto una presunta trama de corrupción sobre el uso fraudulento de pozos de riego en Marchena que salpica a dos trabajadores de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Hay tres detenidos, un matrimonio de Écija, y un residente en Santaella, en la provincia de Córdoba.
 
El presunto cabecilla es un funcionario residente en Écija que supuestamente amasó una fortuna cobrando grandes cantidades de dinero a los agricultores a cambio de la legalización fraudulenta de pozos de riego. Según la investigación policial, logró junto con su mujer incrementar el patrimonio hasta el millón de euros. Este matrimonio ha ingresado en prisión.
 
En este caso, se investigan a los implicados por delitos de cohecho, blanqueo de capitales y falsificación de documentos. La investigación se inició a principios del año pasado. Se centró precisamente en el funcionario de Écija que había aumentado de “forma desorbitada” su patrimonio y el de su esposa.
 
En 2012, se acogieron a la amnistía fiscal de Montoro y afloró el millón de euros.

Los investigadores empezaron a sospechar de su labor en Confederación. Según las pesquisas, uno de los implicados supuestamente ha estado sobornando a los agricultores desde el año 1999 y hasta 2012
 
Según los agentes, cobraba a los dueños de las tierras de Marchena y sus alrededores y a agricultores de la zona a cambio de retrasar el inicio de expedientes sancionadores por el uso irregular de pozos. También, supuestamente pedía entre 50.000 y 60.000 euros a los productores a cambio de legalizar de forma fraudulenta pozos de riego, y empleaba para ello documentación falsa, aprovechandose de su trabajo como funcionario.
 
La investigación concluyó este pasado martes, con las tres detenciones. Al matrimonio de Écija se le ha embargado de manera preventiva su patrimonio: los agentes llegaron a encontrar 600.000 euros en efectivo repartidos en sobres que estaban en diferentes estancias de la vivienda, además cuatro relojes de lujo Rolex y numerosas joyas de gran valor.
 
El tercer detenido, vecino de Santaella y también trabajador de la Confedefación, acompañaba al líder en sus visitas previas al cobro de dinero a los agricultores.
 
El presunto cabecilla de esta trama había sido expulsado de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por un expediente disciplinario.
 
Es una operación del Grupo de Fraude Fiscal de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Sevilla, que ha contado con la colaboración de la propia Confederación del Guadalquivir, y de ASAJA. No se descartan más detenciones.