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Los agricultores piden más “trasparencia y consenso” a la hora de implantar parques fotovoltaicos en la provincia de Málaga. ASAJA advierte que se está dando una situación “inédita” con instalaciones que se están estableciendo sin acuerdo con los propietarios. El último ejemplo está en Teba donde los promotores de otra planta han pedido la “declaración de utilidad pública” para ocupar más de 30 fincas.


ASAJA Málaga da la voz de alerta por una situación que especialmente afecta a la comarca de Antequera. No se oponen a la instalación de parques fotovoltaicos pero sí a que se haga sin acuerdo previo con los propietarios de los terrenos. En este sentido, exigen el cumplimiento de todas las obligaciones ambientales, pero también que haya “negociaciones transparentes y consensuadas”, según ha dicho el presidente de la organización, Baldomero Bellido.

En el caso de la planta de Teba, gran parte de la superficie no cuenta con la aceptación de los agricultores. En la mayoría de los casos, son propietarios que cultivan plantaciones de olivar joven que además adquirieron recientemente y que se encuentran en plena producción. El proyecto supone además “cortar” las fincas ya que ni siquiera se ocuparán en su totalidad dejando superficies libres y sin rentabilidad. “Arruinarían el esfuerzo realizado para poder contar con una explotación rentable en una zona muy productiva que, además, está fijando la agricultura en ese territorio”, asegura Bellido.

ASAJA Málaga considera “inaceptable” que se utilicen estos mecanismos de “utilidad pública” para beneficiar a empresas privadas a costa de los agricultores,” quienes se ven desprotegidos ante el peso de la burocracia y la presión económica para, en definitiva, ver desmontados sus negocios activos y viables, para que se monten otros de manera forzada. ASAJA Málaga considera que en nuestra provincia tenemos que defender el mantenimiento de explotaciones agrarias viables que generen empleo en la zona fijando la población rural”.

Por todo ello, organización agraria exige a las administraciones competentes que revisen de inmediato la figura de “declaración pública” y se protejan los derechos de los agricultores.