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Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en el marco de la operación denominada “Fiono-One”, han desarticulado una organización criminal dedicada a robos con fuerza en tiendas de telefonía móvil que operaba en las provincias de Málaga, Córdoba y Sevilla. En el operativo han sido detenidas siete personas y además han sido oídas en declaración otras dos como investigadas, todas por su presunta responsabilidad en una quincena de robos. Asimismo se han realizado cinco registros domiciliarios en las localidades de Málaga, Casabermeja y Fuengirola y se han intervenido unos 9.000 euros en efectivo, 53 teléfonos móviles y 52 kilogramos de hachís.

El pasado mes de enero la Guardia Civil tuvo conocimiento de varios robos con fuerza en tiendas de telefonía móvil en la comarca del Valle del Guadalhorce. Paralelamente, efectivos de la Policía Nacional en Vélez-Málaga mantenían una investigación abierta por la comisión de cuatros robos en el mismo tipo de establecimiento en la Axarquía.

Por tal motivo se inició una ardua investigación entre ambos cuerpos policiales que determinó que los robos habían sido cometidos por un mismo grupo criminal. Las pesquisas condujeron a la identificación de los integrantes de una organización que, aunque estaba asentada en Málaga, tenía una zona de actuación más amplia y se extendía por las provincias de Córdoba y Sevilla.

Según la investigación, la organización criminal disponía de una red de receptadores que, tras los robos de los teléfonos móviles, ponían a la venta los artículos a un precio inferior al de mercado.

Fase de explotación

El pasado día 21 de mayo, tras varios meses de investigación, fueron arrestados los miembros de esta organización cuando regresaban a Málaga tras cometer de madrugada un asalto a un establecimiento, en la localidad cordobesa de Priego.

En los registros se han intervenido unos 9.000 euros en efectivo, 53 terminales móviles, tablets, relojes, joyas, así como 52 kilogramos de hachís que fueron localizados en la vivienda de un receptador. A los investigados, todos ellos de nacionalidad española, les atribuyen presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, robo con fuerza, receptación y contra la salud pública. Se han esclarecido una quincena de robos en el transcurso de la investigación.