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El actual alcalde de La Rambla, Alfonso Osuna, y la concejala de Seguridad y Tráfico, Inmaculada Castillero, han comparecido para informar del archivo de la denuncia por prevaricación administrativa y urbanística que promovieron alrededor de una decena de policías locales de este municipio y que, posteriormente, asumió el Ministerio Fiscal.

Los hechos se produjeron en la segunda quincena de agosto del 2016 fecha en la que, por delegación del primer edil, que se encontraba de vacaciones, Castillero, ejercía de alcaldesa accidental.

El pasado 22 de enero, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Montilla acordaba el sobreseimiento libre de las diligencias.

Alfonso Osuna aseguraba disponer de “fundadas sospechas de que, presuntamente, puede deberse a que la denuncia se hace con muy mala leche y desde la más absoluta desinformación”. El regidor, basándose en el auto, exponía que no coinciden los autores de los informes con los dos agentes que interponen la denuncia; agregando que en los documentos originales solo interviene un efectivo en solitario, “lo cual contradice las más elementales cautelas del proceder policial”; para enfatizar que “la fuente de información siempre viene constituida por un vecino anónimo”.

Desde Izquierda Unida, formación a la que pertenecen Osuna y Castillero, achacan esta cascada de denuncias al contexto de aquel verano de 2016, en el que acontecieron plenos convulsos, entre un agitado ambiente político.

Los agentes del cuerpo local de Policía acusaban al regidor y a su teniente de alcalde de irregularidades urbanísticas y de inacción y permisividad ante ocho construcciones que consideraban ilegales, levantadas en diferentes pagos dentro del término municipal.

Osuna y Castillero manifestaban que, durante varios meses, la plaza de secretario estuvo vacante en el Ayuntamiento, eventualidad que, apuntan, retrasó cualquier resolución, recalcando que el juez no ha apreciado “ningún indicio de delito ni de culpabilidad”, para lamentar, finalmente, que hayan sido objeto de críticas y denigraciones, aseverando que cualquier policía debe estar sometido al control público y acatar la supremacía de lo que las urnas dicten.