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Disparidad de apoyo a la huelga educativa, convocada por los principales sindicatos, contra el nuevo decreto de escolarización impulsado por la Junta de Andalucía.

Rechazan los promotores de esta protesta los beneficios que aseguran reporta la modificación normativa a la enseñanza concertada y privada, la supresión de unidades y los desplazamientos y despidos de docentes que acarreará.

En el conjunto de la provincia, un 60% de los profesores han secundado una movilización apoyada, además, por los alumnos en una cifra aproximada del 80%. Unas 6.000 personas, según los sindicatos, han participado en la manifestación desarrollada en Córdoba.

Aproximadamente un 40% de los maestros y profesores de Lucena han optado hoy por no acudir a sus respectivos lugares de trabajo, exteriorizando, con esta huelga, su desacuerdo con el nuevo decreto de escolarización elaborado por la Junta de Andalucía.

El seguimiento ha sido francamente desigual. Desde el 70% de respaldo en el colegio Al-Yussana, el 50% en el CEIP Antonio Machado o más del 40% en el San José de Calasanz; al 10% registrado en el instituto Juan de Aréjula o el 16% en otro colegio, el Antonio Machado.

Entre los alumnos, solo un 10% ha asistido a las aulas del instituto Clara Campoamor y, en cambio, las clases se han desarrollado con absoluta normalidad en el IES Sierra de Aras.

Los sindicatos censuran la unilateralidad de la Consejería de Educación y el perjuicio que se causa a la enseñanza y al empleo público.

Isaías Ortega, de UGT, ha señalado que “es un decreto demagógico y totalmente ideológico, no se ha negociado con los sindicatos, las propuestas que han hecho las organizaciones sindicales, y todos los docentes y la comunidad educativa, no se han tenido en cuenta”. Concluye que “la calidad de nuestra escuela pública se va a ver deteriorada si continúa este decreto”.

Desde CSIF, Samir Wahab sostiene que “creemos que este decreto va provocar más supresiones, de maestros y maestras, y, realmente, creemos, que en esa línea no podemos seguir” porque “queremos que las unidades no se supriman en los centros educativos y que la enseñanza pública tenga su lugar, en decretos, y donde haga falta, porque creemos que la enseñanza pública debe ser la base de la educación en esta comunidad autónoma”.

Desde la Administración autonómica, la delegada territorial de Educación, Inmaculada Troncoso, replica que las modificaciones implementadas en la nueva regulación de los criterios y procedimientos de admisión de los alumnos amparan y protegen la libertad de todos los padres a elegir centro educativo para sus hijos. Troncoso replica que “lo que se abunda es en la flexibilización para que las familias puedan elegir voluntariamente, si quieren concertada o pública, no hay mucho más allá de eso, es un debate estéril y más bien politizado”.

Ilustra su tesis, indicando que “`por poner un ejemplo, en la zona de Las Palmeras, en Córdoba, los chicos no podían tener la posibilidad de elegir un centro concertado, ahora sí van a tener esa posibilidad, no creo que nadie pueda estar en contra”.

En Lucena, la concejala de Educación y presidenta de la agrupación socialista local, Teresa Alonso, resalta que la Junta ha concitado la desaprobación unánime de todos los agentes educativos contra este Decreto que, afirma, distorsiona la distribución del alumnado porque, apunta Alonso, en Andalucía, el 95% de los estudiantes se matriculan en los centros que prefieren sus padres y madres".

Explica que, a su juicio, “está claro, el sentido y objetivo que tiene, de privilegio de la enseñanza concertada, desmantelamiento progresivo de la enseñanza pública, han intentado cerrar, suprimir, centros en la provincia de Granada y van en esa línea, de supresión de unidades en centros educativos, con el consiguiente de profesorado, y despido de personal interino en la enseñanza pública”.