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Compleja e incierta coyuntura en el presente y el futuro de la investigación de la Cueva del Ángel de Lucena. Altos cargos políticos y personal técnico cualificado de la Junta de Andalucía cuestionan y rebaten los métodos científicos, las prácticas procedimentales y los criterios administrativos empleados por la dirección de la excavación y la Fundación que gestiona este yacimiento arqueológico.

El alcalde de la localidad, Juan Pérez, y los portavoces de los cinco partidos políticos presentes en el Consistorio, se desplazaban este martes a Sevilla, donde compartieron una reunión con una representación de la Administración Andaluza, encabezada por la directora general de Patrimonio Histórico y Documental, Mar Sánchez Estrella.

La delegación lucentina escuchó, por ejemplo, que la Comisión Técnica de Arqueología se sintió “horrorizada” al efectuar una inspección en 2014, por las intervenciones acometidas, y calificaba de “atrocidad” las labores emprendidas en 2017, último ejercicio en el que se emprendieron sondeos, al comprobar que la profundización había alcanzado los dos metros y medio incumpliendo una autorización que únicamente permitía ahondar 20 centímetros ya que, puntualizan, en estas actuaciones ha de imponerse la lentitud. Una desobediencia, agregan, que conlleva la inobservancia de medidas de seguridad y prevención. Estas maniobras unilaterales, sentencian, podrían causar daños y deterioros irreversibles. De otra parte, se muestran escépticos, y eluden conferirle verosimilitud, a la teoría que sostiene que en la Cueva del Ángel se logró, por primera vez en Europa, producir fuego.

El Ayuntamiento de Lucena, en una decisión que se pretende consensuada y unánime, continuará recabando información, interna y externa, sobre los trabajos desarrollados en los últimos años en la Cueva del Ángel, hasta adoptar una determinación concluyente acerca de quiénes son los responsables más adecuados para continuar capitaneando la exploración en un referente paleontológico de la Prehistórica que en la Junta equiparan, por su cronología, con Atapuerca.

La sensación de las formaciones políticas, al término del encuentro compartido en la sede de la dirección general de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía en Sevilla, es coincidente al negar persecución alguna o la emisión de informes arbitrarios desde instancias autonómicas, tesis mantenidas, de forma persistente, por Cecilio Barroso, director de la excavación y presidente de la Fundación Instituto de Investigación de Prehistoria y Evolución Humana, quien, hace unos días, indicaba que “la cosa no huele bien” porque “falla quien analiza la memoria y dice que esto hay que cargárselo”.

Por cierto que las fuentes consultadas apuntan que la resolución que rechaza el Proyecto Prometeo, que comprende el sexenio 2019-2024, se compuso de hasta siete páginas, en las que se detallaban las deficiencias y omisiones en la justificación de actuaciones precedentes. Desde la Junta argumentan que la tardanza sistemática en el envío de la documentación pertinente impide la incorporación de alegaciones y subsanaciones. Así, al remitir los expedientes habitualmente en mayo y junio, a solo semanas del hipotético comienzo de las campañas de verano, y no seis meses antes como es recomendable, resulta imposible aceptar correcciones en plazos útiles. Unas dilaciones apreciadas, igualmente, en la catalogación, certificación y traslado a los museos homologados de las piezas y otros hallazgos.

Los comisionados de la Junta de Andalucía, entre los que figuraban las jefas de Servicio y del Departamento de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico; un arquitecto; un arqueólogo; y la delegada territorial de Cultura y Patrimonio Histórico, Cristina Casanueva expusieron que la Comisión Técnica de Arqueología, integrada por nueve miembros externos, tales como catedráticos, investigadores, doctores y docentes, se renueva cada dos años y, en consecuencia, hasta tres comités distintos han visado –y convenido en sus opiniones negativas- los proyectos científicos sobre la Cueva del Ángel.

Únicamente la benevolencia y la condescendencia, aseguran los integrantes del departamento de Cultura y Patrimonio Histórico, ha posibilitado el otorgamiento de consentimientos a las respectivas peticiones relativas a sucesivas investigaciones en diversas anualidades.