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El alcalde de Lucena, Juan Pérez, ha subrayado que comparte plenamente la preocupación de los vecinos de la calle Pedro Izquierdo, quienes han denunciado, reiteradamente, la inseguridad o el miedo que genera la ocupación de los pisos ubicados en el número 8 de esta vía.

Al mismo tiempo señala que las facultades del Consistorio están restringidas y ha desvelado que, si, en primer término, una entidad financiera figuraba como dueña de este bloque de viviendas, al ejecutarse un embargo, una ulterior sentencia decretó la transmisión a otro banco. Esta última resolución nunca se reflejó en el Registro, una anomalía que, en palabras de Pérez, embarca a este asunto en un “limbo judicial”.

Interpelado por la prensa, señalaba que “nosotros estamos encima de ese tema, estamos intentando localizar al propietario, a ver si podemos cerrar algún tipo de acuerdo, poder resolver una situación que evidentemente tenemos que intentar controlar desde el propio Ayuntamiento, como una situación que puede generar alarma social, que es lo que tenemos que evitar en todo momento”. En su exposición, advertía de que “las limitaciones por parte del Ayuntamiento son absolutas, no es cuestión de voluntad, es cuestión de que hay cuestiones que no podemos nosotros podemos resolver”.

El incendio causado en un vehículo aparcado en el garaje, y que alcanzó a otro coche más, forzó el desalojo de 20 personas este pasado martes. Es la segunda deflagración que ocurre en este mismo inmueble en algo más de un año.

La complejidad sobrevenida en los trámites entablados por el Ayuntamiento de Lucena con el propósito de identificar al propietario del edificio ocupado de la calle Pedro Izquierdo dificulta el avance en las gestiones que persiguen dos alternativas. Instar al titular a clausurar este inmueble, en el que residen ilegalmente unas 50 personas, tanto de nacionalidad española como rumana, o a la formalización de arrendamientos.

El alcalde ha manifestado que la Delegación Municipal de Servicios Sociales dispone de recursos y planes de emergencia aplicables y adecuados a estas casuísticas.

Entre otras ayudas y facilidades, ha citado la fórmula de los alquileres sociales como medio que contribuya a solventar las carencias habitacionales que padecen estas unidades familiares que, actualmente, según ha reconocido Pérez, ya han regresado a en esta construcción de la calle Pedro Izquierdo. “Todo parece indicar que sí”, asentía el alcalde, apuntando que “de hecho, nosotros hemos trabajado con algunos, en los propios Servicios Sociales, porque hay otras alternativas, tienen recursos para poder gestionar otras viviendas de alquiler por parte de los interesados, pero tiene que partir de los propios interesados, nosotros no podemos hacer la gestión de buscar el alquiler”.

Trabajadores sociales y mediadores con migrantes ya estudian, independientemente, cada caso.

Juan Pérez ha admitido que situaciones similares se reproducen en otros puntos de la localidad, enfatizando que las atribuciones del Ayuntamiento únicamente contemplan la mediación y la coordinación de las intervenciones que efectúa la Policía Local.