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Un auto dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla decreta el archivo provisional de la causa abierta contra la exconcejala del Ayuntamiento de Lucena, María José Lara, investigada por unas presuntas irregularidades vinculadas al Consorcio Formades, radicado en Huelva. Este procedimiento involucraba a la primer teniente de alcalde del Consistorio de la localidad, entre los años 2003 y 2007, por la responsabilidad que asumió en la Junta, como directora general de Formación para el Empleo, entre los años 2008 y 2009.

La juez María Núñez Bolaños afirma en una resolución emitida el 18 de enero, y proporcionada este viernes a los afectados, que “no ha quedado acreditada la existencia de mínimos indicios de su participación dolosa” en los hechos examinados, tanto en lo concerniente a Lara González como a otras 16 personas, entre ellas, cinco ex altos cargos de la Administración Andaluza, como el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, y los exdirectores generales Manuel Brenes, Andrés Sánchez y Teresa Florido.

Este procedimiento corresponde a una pieza separada del proceso general incoado al respecto de los cursos de formación supuestamente fraudulentos. Acordados dos sobreseimientos, sobre esta causa global, un tercer recurso aún impide su archivo definitivo. El tercer asunto que aún compete a María José Lara, miembro del equipo de gobierno socialista de Lucena entre 1999 y 2008, concierne al centro CIO Mijas, otra parte desgajada –son en torno a una decena- de la macrooperación matriz. Fuentes consultadas por SER Lucena, aseguran que, en los próximos días, el Juzgado de Sevilla también podría determinar suspender, con idénticos argumentos, la tramitación relativa a esta indagación.

Núñez Bolaños, en su auto, sí decide proseguir el procedimiento abreviado contra cuatro de los investigados y concede diez días al Ministerio Fiscal para solicitar la apertura de juicio oral. Distingue a dos grupos de personas, “claramente diferenciadas”, puntualiza, “los que actuaban en el seno del Consorcio y los que desarrollaban su actuación en el seno de la Consejería, concesión y control y de las subvenciones”.

La investigación examina el otorgamiento, gestión y liquidación de tres subvenciones en los ejercicios 2008 --2.873.848 euros--, 2009 --1.305.000 euros--, y 2010 --1.371.671,20 euros--. En total, el Consorcio recibió 5.550.519,2 euros, correspondiendo 3.468.042 euros a los proyectos formativos y 2.082.113,63 euros al proyecto de inversión.

En este punto, la instructora señala que la UCO "llega a esta conclusión partiendo de la evidencia de que no consta en los expedientes acta de valoración", frente a lo que la magistrada esgrime que "no se puede concluir sin más que no haya existido valoración técnica de las solicitudes por el hecho de no existir acta al efecto, acta que ninguna norma exige".

"En todo caso y en sentido contrario, de lo instruido se constata que existen serios indicios de que sí existió valoración técnica", ya que "la propia propuesta de resolución de acuerdo a su contenido en unión con la solicitud y la memoria técnica es indicio suficiente de la realidad de esa valoración".