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El Consejo Consultivo de Andalucía, previsiblemente de oficio, ha resuelto que el Ayuntamiento de Lucena está obligado a indemnizar con 20.000 euros a un policía local por el hostigamiento y acoso laboral que sufrió a consecuencia de la obtención de un ascenso en este Cuerpo de Seguridad.

En abril del año pasado, el Juzgado de lo Social Número 2 de Córdobamantuvo, igualmente, esta teoría, y ha reclamado al Ayuntamiento de Lucena 60.000 euros. Una sentencia recurrida por el Consistorio al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Previamente, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Córdoba reconoció la enfermedad psicológica del policía local, a causa de las negligencias e incumplimiento en la prevención de riesgos laborales, un veredicto ratificado por el TSJA.

Este órgano superior independiente ha rechazado el dictamen del Consistorio por el que desestimaba desagraviar a un policía que, en primer término, accedió a una baja provisional convirtiéndose, finalmente, esta situación en permanente, hasta que el propio funcionario público solicitó su reincorporación, petición consumada en agosto por lo que, actualmente, desempeña su profesión.

El diagnóstico, adelantado por La Vanguardia, en base una información de la EFE, considera responsable al Ayuntamiento de los daños morales, la enfermedad y los perjuicios económicos ocasionados al uniformado, a quien se le negó, en la práctica, el reconocimiento de su promoción.

Las conclusiones del Consejo Consultivo exponen que el agente ingresó en la Policía Local de Lucena en 2001, solicitando la baja en 2016 por “condiciones laborales adversas” como desprecios personales por parte de los mandos, reuniones a puerta cerrada y aislamiento laboral que trascendió a la vida social.