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El sindicato USO asevera que en el procedimiento articulado, hasta dispensarle un dictamen favorable a la Valoración de Puestos de Trabajo, en el Ayuntamiento de Lucena, han concurrido graves irregularidades e infracciones que lo convierten en nulo de pleno derecho.

El recurso administrativo interpuesto contra la resolución del pasado 2 de julio por esta organización, que representa a un centenar de empleados públicos, se basa en la inexistencia de la información oportuna al tramitar la convocatoria, en el quebranto del principio de buena fe negocial, la arbitrariedad y el trato desigual a los trabajadores, contraviniéndose, señalan, la equidad, objetividad y rigurosidad; así como en la vulneración de la regla genérica de la Ley de los Presupuestos del Estado.

José Alberto Ruiz Moya, secretario general de USO en el Ayuntamiento de Lucena, sostiene que “el acuerdo es nulo de pleno derecho porque atenta contra varios principios, como el de la buena fe negocial, porque no hubo negociación ninguna, hubo tan solo asunción reverencial por parte de los sindicatos que permitieron que se aprobara”. Abundando más, expone que “si se demuestra, con la documentación, que se ha actuado arbitrariamente, y que se adoptan decisiones ya no solo arbitrarias, sino de mala fe y que perjudican a trabajadores y se discrimina, si a sabiendas, de eso, siguen para adelante, estaríamos seguro ante un delito de prevaricación”.

USO, único sindicato que votó en contra del pronunciamiento de la Mesa de Negociación, acusa a Teresa Alonso, edil de Personal, de negarse a cualquier corrección en dicho órgano, ocasionando, por consiguiente, defiendo, un perjuicio a los trabajadores, por su “total menosprecio”.

El Ayuntamiento, dispone, como máximo de un mes, para contestar a este recurso y desde la Unión Sindical Obrera no contemplan otro escenario que la estimación completa. Recuerdan que, en 2013, tanto el Secretario como la Interventora interpretaron que, una cláusula idéntica a la vigente en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, impedía esta revisión genérica, al disponerse de una Valoración de Puestos de Trabajo, aprobada por unanimidad en 2006 y reformulada en 2013.