Andalucía Centro

Una vez finalizada la segunda actuación en el Cementerio Nuestra Señora de Araceli de Lucena, con el descubrimiento de cinco cuerpos de personas asesinadas por la represión franquista, ahora los investigadores realizan análisis para determinar sus identidades.  

Una represión vengativa, despiadada y sanguinaria. En Lucena, la sublevación franquista se impuso el mismo 18 de julio de 1936, una inmediata victoria militar que no impidió la persecución, el hostigamiento y la ejecución de, como mínimo, 93 personas, más otras 21 en la aldea de Jauja; 11 en la pedanía de Las Navas del Selpillar y ocho que fallecieron en las cárceles.

Es una cifra ampliable, al no anotarse en el Registro Civil buena parte de las defunciones de estas víctimas. Los familiares de los represaliados, en su mayoría personas ya de avanzada edad, y que compensan el miedo que nunca se marchó de sus entrañas y una esperanza quebradiza, promovieron una movilización a la que, paulatinamente, se sumaron más allegados directos de asesinados, fundamentalmente, en agosto del año 1936.

Un informe elaborado por el historiador y cronista oficial de la ciudad, Arcángel Bedmar, sustentó la petición a la Junta de Andalucía que, finalmente, autorizó dos excavaciones en el Cementerio Nuestra Señora de Araceli. La primera, entre enero y febrero del pasado año, infructuosa; la segunda, en los dos  últimos meses del 2017, finalizaba con la localización de cinco cuerpos, correspondientes a varones de entre 35 y 53 años.

Los análisis de los restos óseos han revelado que, por ejemplo, uno de los represaliados, acusaba severos problemas de movilidad.

En total, la intervención se ha prolongado durante cuatro meses y en ella han participado, altruistamente, medio centenar de estudiantes de los grados de Arqueología, Antropología Forense y Criminología, y Máster de Arqueología y Antropología Física de la Universidad de Granada. Todos ellos dirigidos por el profesor de la Universidad de Granada, Francisco Carrión.

Es Juan Pérez, el alcalde de Lucena, quien esta semana ha acompañado a los familiares en la presentación del informe de la segunda excavación, momentos antes de que estos se sometieran pruebas de ADN que se cotejarán con las muestras extraídas de las víctimas halladas en la zona norte de El Patio de San Antonio del cementerio lucentino.

Miguel Ángel Melero, vicedirector general de Memoria Democrática de la Junta, manifestaba que los asesinos y los ideólogos, además de matar, trataban de ocultar los cuerpos y perpetrar un proceso de desarraigo.

Pilar Roldán tiene 87 años y el último deseo de su vida es poder ofrecer digna sepultura a su madre. Admite que no durmió en la noche previa a asistir al registro de pruebas de ADN.

Manuel Burguillos es el responsable de Memoria Histórica de la asamblea local del PSOE. Su abuelo fue asesinado por los franquistas.

Esta represión de los golpistas provocó que muchos niños crecieran huérfanos como la madre y los tíos de Susana Quintero. Señala que, legalmente, no se ha certificado la muerte de su abuelo y que es imposible que lo puedan tramitar ahora por falta de recursos económicos.

Estas familias avanzan que volverán a reclamar más excavaciones tanto en el término municipal de Lucena como en otros puntos del entorno, con la única aspiración de saber dónde están sus seres queridos y despedirlos definitivamente, de un modo, sobre todo, humano.