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El alcalde de Encinas Reales, Gabriel González Barco, se enfrenta a un juicio oral, acordado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Lucena, como acusado por un delito de malversación de caudales públicos, otro continuado de defraudación y uno más de falsedad en documento público.

Fuentes del PSOE admiten que al dictarse, la apertura de un juicio oral, el código ético obliga a dimitir al procesado, si bien, puntualizan que este asunto podría comportar una excepción a la norma por las extraordinarias circunstancias que concurren.

La denuncia que origina este procedimiento, interpuesta por el Partido Popular, relata que, en 2008, el regidor socialista esquivó y obvió los procesos selectivos preceptivos al contratar a una arquitecta que nunca asistió al Ayuntamiento mientras continuó registrada oficialmente como trabajadora municipal hasta 2010. Al mismo tiempo, figuraba como empleada de una escuela taller.

La parte dispositiva del auto, al que ha tenido acceso SER Lucena, establece una fianza de 49.929 euros, a prestar por el procesado, al objeto de asegurar responsabilidades que pudieran imponérsele. En caso contrario, la autoridad judicial ejecutaría el embargo de bienes en cantidad equivalente.

El juez decreta la libertad provisional del acusado, con la obligación de comparecer en sede judicial cuantas veces se estime conveniente. Además, González Barco ha de comunicar cualquier cambio de domicilio y solicitar permiso para viajar al extranjero.

La causa se traslada al Juzgado de lo Penal y la defensa dispone de diez días para formular alegaciones.

El Partido Popular, que ejerce la acusación popular, única personada, por la renuncia del Ayuntamiento de Encinas Reales, acusación particular, y del Ministerio Público, elude exigir explícitamente la dimisión del regidor y opta por emplazar al PSOE a cumplir su Código Ético.

Beatriz Jurado, coordinadora general provincial, expresa respeto tanto al auto como a la presunción de inocencia, afirma que los presuntos delitos cometidos son graves y diferencia las responsabilidades políticas de las judiciales. “Nosotros”, expone Jurado, “echamos de menos contundencia, transparencia y respuesta por parte del PSOE, su código ético dice que en estos supuestos, debe cursar la baja voluntaria, con lo cual, estamos un poco preocupados por ese silencio del PSOE porque al margen de esas responsabilidades judiciales, creo que todos hemos aprendidos, incluso a base de golpes, que las responsabilidades políticas deben dirimirse también en casa”. Por ello, concluye que “en este caso el PSOE, no solo puede hablar para fuera, sino también para dentro y debe asumir responsabilidad en este caso”.

Por el momento, Gabriel González Barco ha decidido declinar realizar declaraciones públicas.  En 2017, la Fiscalía y el juez competente determinaron el sobreseimiento de la denuncia y el PSOE siempre ha argumentado que el secretario municipal del Consistorio en ningún momento apreció ilegalidades.