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El porcentaje de afectados por la pandemia del coronavirus, entre el personal sanitario de la geografía cordobesa, supera la media nacional. De los 350 contagiados en la provincia, más de 100, aproximadamente un tercio, son médicos, enfermeros, auxiliares o celadores, así como fisioterapeutas, administrativos y trabajadores de servicios básicos en los hospitales.

Son cifras contrastadas por Comisiones Obreras. Simultáneamente, demandan a la Junta, apelando a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, datos actualizados y ciertos, por categorías y centros de trabajo, porque, aseguran, el SAS los proporciona tarde y mal.

El último balance cotejado por esta organización sindical eleva a 25 los profesionales del Hospital Infanta Margarita de Cabra que han dado positivo por Covid-19 en los test efectuados.

Secretario general de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones en Córdoba, José Damas tacha de incomprensible y desconcertante la sucesión de anuncios de adquisición de cantidades ingentes de Equipos de Protección Individual mientras médicos y enfermos han de usar, por ejemplo, mascarillas y guantes de fabricación casera.

Censura que “las mascarillas que nos dicen de tantos millones que se han hecho compras centralizadas, no nos llegan, y si nos llegan, con cuentagotas”. Abunda en su advertencia al avisar de que “nos dicen que el pico no ha llegado, que está por ellgar, y que ahora estamos reponiendo para cuando esto llegue a peor”.

Una teoría que rechaza porque “no podemos seguir trabajando en estas condiciones porque cuando llegue el pico peor, si no estamos protegidos ahora, seguramente, no va a haber profesionales para atender todo lo que nos espera”-.

Reclaman, desde Comisiones Obreras, una intensificación de la prevención y la protección y reservar, en retenes fijos, a profesionales sanitarios para que actúen, en plenas facultades, cuando el coronavirus azote en su mayor magnitud.

Este sindicato critica “la pésima organización de los recursos humanos y materiales”, deficiencia que genera “una situación agobiante”. Agregan que “las medidas llegan tarde o son de aplicación muy dispar según el área sanitaria”. Finalizan expresando que “es indignante escuchar a tantos profesionales hablar del miedo y la impotencia que experimentan por no disponer de EPI o porque no se les realiza el test, pero más vergonzante es recibir quejas por el trato hostil y amenazante que reciben de algunos cargos intermedios”.